El Informe del «Comité de sabios»:
bases para una televisión de calidad
The from «Wises Commission report»:
bases for a quality TV

Maria Soler Campillo
Valencia (España)

Televisión, financiación de los medios de comunicación, programación en televisión, economía de la comunicación.
Television, financing from communication media, TV programs, Economy from the communication.

La presente comunicación tiene por objeto el análisis del reciente informe sobre los medios de comunicación de titularidad estatal, base de un futuro proyecto de ley, elaborado por un Comité de Expertos nombrado por el gobierno para tal fin. Se pretende enmarcar el complejo escenario al que se ha tenido que enfrentar el llamado «Comité de Sabios» para la elaboración de este informe. Vamos a organizar nuestra exposición en los siguientes apartados. En primer lugar, vamos a referirnos muy brevemente a la evolución del Grupo RTVE desde sus orígenes, en cuyo contexto cabe situar buena parte de los problemas actuales, hasta la transición democrática. En segundo lugar, se expondrán las principales propuestas del Informe. En tercer lugar, se hará un examen de la reacción al Informe en la prensa escrita, que se ha producido en un marco muy politizado que responde a una contraposición de intereses de los diferentes grupos de comunicación. Finalmente, se cierra la comunicación con una reflexión sobre la oportunidad del Informe, y la necesidad de abordar el problema de la financiación de los medios de comunicación públicos.

2. Antecedentes históricos: la gestión económica y política del ente RTVE en las etapas socialista y popular

Es importante señalar que los problemas económicos y políticos que sufre el Grupo RTVE en la actualidad vienen de lejos, y cabe encuadrarlos en los orígenes de la televisión pública. En sus comienzos, en 1957, se planteó la implantación de un canon sobre los receptores que muy pronto se vió que sería muy difícil de aplicar. La debilidad económica de la España de principios de la década de los sesenta desaconsejó a los responsables del gobierno del Régimen la aplicación de esta fórmula, siguiendo las recomendaciones que la OCDE y el FMI realizaban a nuestro país. Hemos de recordar que el gobierno franquista estaba controlado en aquel momento por los neoliberales del Opus Dei, que estaban muy atentos a la evolución de la economía del primer mundo. Se trata de un periodo en el que se sientan las bases de la economía española, que dará sus primeros frutos ya entrados los sesenta, con el conocido «desarrollismo» español. Así pues, la aparición de la televisión en España coincide con una coyuntura económica que no hace posible la aplicación del canon a los receptores, porque la economía de la familia de clase media era muy débil, incapaz de asumir un gasto de esas características, lo que habría amenazado la expansión del medio televisivo en nuestro país.

Es por ello que se decidió crear una reglamentación que permitiese a TVE financiarse con el dinero procedente de la publicidad. En 1963, tras anular la consideración del televisor como artículo de lujo, TVE ingresaba por publicidad un 92% de su presupuesto, lo que da cuenta de la importancia que tenía la publicidad para la financiación del ente desde prácticamente su nacimiento. De este modo, en la aparición de la televisión podemos reconocer las tensiones existentes en el seno del franquismo entre la tendencia intervencionalista del nacionalsindicalismo y el empresariado liberal emergente, que representa, de forma ambivalente, el Opus Dei, «integrista en lo religioso y europeizante en lo económico». Así pues, como ha señalado Enrique Bustamante, TVE nació como una televisión que carecía de autonomía política y gerencial, como correspondía a una empresa surgida de un Régimen y no a un Estado, y con un sistema de financiación basado casi íntegramente de la publicidad.

De este modo, a finales de 1975, cuando muere el dictador, TVE era una empresa extraordinariamente rentable, acostumbrada a disponer de mucha liquidez para adquirir las últimas tecnologías y a tener plantillas de trabajadores desorbitadas. Como explica Eduardo García Matilla, en 1975, en TVE trabajaban unas 5.000 personas y el presupuesto era de 8.000 millones de pesetas, uno de los más altos de las televisiones públicas europeas. Sólo 2 años después, la plantilla aumentó de 5.000 a 8.000 personas, y los sueldos aumentaron un 32%. El presupuesto en 1977 pasó de 8.000 millones a 17.300, lo que da una idea de la magnitud que alcanzó el ente ya en esos años. Con los mundiales de fútbol de 1982, las cifras aumentaron exponencialmente, pasando de 8.000 a 11.000 trabajadores, y con un presupuesto de 42.000 millones de pesetas. Los datos quedan reflejados en la siguiente tabla:

Obviamente, la ausencia de competencia y el crecimiento constante de inversión publicitaria por los anunciantes permitieron que el ente siguiera creciendo, sin temor a padecer problemas financieros de ninguna clase.

La Constitución Española de 1978 tendría importantes consecuencias determinantes en el desarrollo y evolución del Grupo RTVE, así como en el desarrollo del sistema audiovisual español. Por una parte, porque abría la puerta para el nacimiento de entes de radiotelevisión dependientes de los gobiernos autonómicos, que se iniciaría en 1983 con las primeras emisiones de ETB, el 1 de enero, y de TV3, el 10 de septiembre de 1983. Así se iniciaba un proceso que duraría una década, en el que fueron apareciendo otras televisiones autonómicas como la TVG (Galicia, 1985), Canal Sur (Anadalucía, 1989) y Canal 9-TVV (Comunidad Valenciana, 1989). Por otro lado, la reacción del ente público TVE fue la de potenciar la red de centros terriotriales para competir con las emisiones de las recientes televisiones autonómicas, un desarrollo que es una buena muestra de las tensiones existentes en el seno del Estado de las Autonomías. De este modo, el gobierno central mostraba en la práctica su incapacidad para asumir el nuevo escenario derivado del propio marco constitucional. Debe llamar nuestra atención que el modelo organizativo y financiero de las televisiones autonómicas reproduciría miméticamente, desde sus orígenes, el modelo de RTVE, tanto en lo que respecta a la dependencia estructural del poder político de turno, como en el modelo de financiación mixta, en el que todo el peso presupuestario recae en los ingresos publicitarios. Al tratarse, como RTVE, de empresas públicas con autonomía presupuestaria, poseen capacidad para endeudarse, siempre con el aval de la administración pública.

El mercado televisivo se complicará aún más con el inicio de los operadores privados de televisión: Antena 3, Telecinco y Canal +, al que hay que sumar el desarrollo, lento y progresivo, de las televisiones locales y la oferta televisiva emergente a través de los satélites y el cable. El nuevo escenario resultante irá agravando paulatinamente el problema del endeudamiento de las televisones públicas. La lucha por el mercado publicitario entre todas las televisiones públicas y privadas ha ido recrudeciéndose hasta alcanzar cotas imposibles para la audiencia, y un hundimiento paulatino del mercado publicitario, por la competencia descarnada entre los distintos operadores. Al término de la etapa socialista, en 1996, RTVE acumulaba una deuda de unos 200.000 millones de pesetas, y el nuevo gobierno popular se comprometía a reducir significativamente la deuda del ente público.

En 2004, la deuda acumulada de RTVE se había multiplicado casi por cinco, alcanzando los 6.892 millones de euros (1.146.732 millones de pesetas), una situación que ha sido denunciada en los últimos años por la Unión Europea, ya que el avalista de este desmedido endeudamiento ha sido el Estado, aunque la deuda nunca haya sido liquidada por éste. La financiación de la deuda se ha convertido actualmente en un grave problema, que ha obligado al ente público a emitir bonos por valor de 1.500 millones de euros sólo en el presente año 2005. De este modo, la deuda alcanzará a finales de 2005 los 7.550 millones de euros (1.256.214 millones de pesetas), una cifra realmente «peligrosa» por la enorme magnitud que representa.

Lo más lamentable de la evolución de la deuda ha sido la falta de previsión de los gestores del ente, y la ausencia de madurez política de los sucesivos gobiernos (socialista y populares) para afrontar el problema de la deuda, que todos han evitado resolver. Tal vez uno de los reproches más importantes que se puede hacer a nuestros gobernantes (a toda la llamada «clase política») es la incapacidad para haber cambiado el modelo financiero de las televisiones públicas, antes de la eclosión de las televisiones privadas y autonómicas en nuestro país, algo que se podía haber previsto con anticipación, ya que ahora vemos con claridad que el mercado publicitario no podía absorber la eclosión de la oferta televisiva que se iba a producir en los años noventa. Sin duda, las razones del inmovilismo que ha paralizado a los políticos hay que buscarlas en la negativa a renunciar al enorme poder político que representa el medio televisivo: enjugar la deuda de RTVE, y de las televisiones autonómicas, significa una renuncia al control partidista de la televisión, cuya influencia en el imaginario social es extraordinaria como saben nuestros políticos.

Los sucesivos gobiernos socialista y popular no modificaron el modelo de gestión, muy politizado desde su nacimiento. La externalización de la producción que se ha venido realizando en la gestión de las televisiones públicas ha agravado, aún más, el problema existente. Un caso paradigmático, que merece un estudio serio y científico, es el de Canal 9-TVV que ha ido aplicando un sistema de gestión inclinado hacia la privatización, y que ha derivado en una situación cuanto menos surrealista: desde 1996, TVV ha alcanzado una cifra récord en la externalización de la producción de programas, cercana al 80% de su parrilla de programación, mientras que su plantilla se ha duplicado, y la deuda se ha quintuplicado en estos años.

Paralelamente a este proceso, y arrastrados por la necesidad imperiosa de competir por el mercado publicitario, las televisiones han ido desarrollando unos modelos de programación en los que la llamada «telebasura» ocupa un espacio creciente, con una bajada de la calidad de los contenidos televisivos, que ha puesto en alerta a numerosos agentes sociales.

3. El Informe del «Comité de sabios»: la reivindicación necesaria de la TV como servicio público

Tras muchos años de debates estériles sobre el futuro de la radiotelevisión pública, las situación generada constituía un auténtico «impasse», en la que resultaba muy difícil avanzar en la búsqueda de soluciones. En este contexto, la constitución de grupo de expertos que dictaminara sobre qué hacer con los medios de comunicación de titularidad pública es, al menos, una iniciativa que trata de romper con esta situación.

El Informe para la reforma de los medios de comunicación de titularidad del Estado consta de más de 240 páginas, consta de 229 páginas. La introducción de Emilio Lledó plantea una reflexión en torno a la importancia que posee la televisión en el mundo actual, que ha propiciado un «cambio ontológico» en la manera misma de ver y conocer la realidad, lo que permite comprender la trascendencia del Informe que se proponen desarrollar los expertos.

El apartado segundo es un demoledor análisis de la situación de los medios de comunicación de titularidad pública en España. El análisis histórico que realizan permite comprender los orígenes del problema existente en la actualidad. Por otro lado, el examen de la situación del papel de las televisiones en el contexto europeo resulta muy interesante para comprender la importancia del modelo de televisión pública que convive con una oferta plural –pública y privada- en la que existe un equilibrio de fuerzas, bajo el paraguas legislativo de la Unión Europea y de la legislación de los diferentes países.

El grueso del Informe se detiene en la exposición de propuestas de cambio en la actual estructura del Grupo RTVE y de la Agencia EFE. Aunque el Informe es muy extenso y complejo, podemos sintetizar las principales propuestas en los siguientes aspectos:

-Necesidad de la existencia misma de un servicio público integral de comunicación, que se justifica por el artículo 20 de la Constitución Española de 1978 y el seguimiento de las directrices de la Unión Europea. Los medios de comunicación de titularidad pública deben perseguir la rentabilidad social, la apuesta por unos contenidos de calidad, contribuyendo a impulsar la proyección de la cultura española, la participación ciudadana,

-Reducción de las emisiones publicitarias hasta niveles muy inferiores muy actuales, lo que será compensado por la subvención directa de la administración pública, fijada en el 50%.

-Creación de un Consejo Audiovisual, con autonomía plena y capacidad para regular y sancionar a los operadores, con el fin de velar por la misión de servicio público que deben cumplir los agentes del sector.

-Reestructuración de la Corporación RTVE y de la Agencia EFE , como entidades jurídicas autónomas, desde un punto de vista gerencial u editorial, para garantizar su independencia del poder ejecutivo. Los miembros de los Consejos de Administración deben tener una mayor independencia y profesionalidad. Para ello, el Informe propone que sus mandatos puedan ser superiores a una legislatura, que sean nombrados por mayoría de dos tercios del Congreso de los Diputados (2 miembros) y del Senado (otros 2 miembros), otros 2 procederían de los sindicatos mayoritarios en RTVE y los 2 últimos serían nombrados por el Consejo Audiovisual.

-Los Directores Generales serán nombrados, mediante convocatoria pública, entre profesionales de ambas empresas.

-Propuesta de unos servicios informativos veraces, objetivos, profesionales que respeten el pluralismo político, territorial y cultural, para lo que habrá que elaborar un Estatuto de Informativos y Consejos de Redacción profesionalizados.

-En lo que respecta a la financiación de los medios de comunicación públicos, el Informe no descarta la aplicación de un canon sobre los receptores para financiar estas empresas.

-Exigencia de transparencia en la gestión de los recursos y en la ejecución de los presupuestos de las empresas de titularidad pública.

El informe destaca cómo «la estructura contable en vigor hace que el Ente reciba las aportaciones del Estado y los ingresos comerciales por la venta de productos y servicios, mientras factura los gastos de explotación a sus filiales, sin correspondencia con los ingresos reales. Se ha producido, así, una opacidad sistemática que limita, hasta casi anularla, la representatividad de las cuentas individuales del Ente y sus sociedades, permitiendo a éstas eludir la aplicación de la Ley de Sociedades Anónimas en aspectos de singular importancia e impidiendo la evaluación clara de la gestión de los administradores, así como la atribución de las responsabilidades derivadas» (pp. 31-32 del Informe). Hemos reproducido este párrafo porque consideramos que el juicio aquí reproducido pone de manifiesto la preocupación expresada en el Informe por la situación financiera del Grupo RTVE.

El Informe se completa con la incorporación del voto particular de Fernando González Urbaneja, que a lo largo de 9 páginas expone las razones que le llevan a emitir un voto en contra del dictamen realizado por sus compañeros de la Comisión de expertos. Básicamente, el principal reproche de González Urbaneja es la falta de «ambición a la hora de hacer propuestas financieras y de gestión y más rigor en el diagnóstico» (p. 3). Es evidente que este breve escrito rompe el tono moderado de todo el Informe que, si bien lanza duras críticas a la situación financiera de la radiotelevisión pública y señala la deficiente gestión de RTVE, no resulta suficiente para ese experto. Para González Urbaneja la propuesta del Informe para financiar RTVE es «continuista» y «no es respetuoso con el contribuyente español» (p. 4). Otros reproches a destacar son: ninguna referencia al carácter «sobredimensionado» de la plantilla de RTVE, ausencia de planes en el Informe para reducir esta plantilla, y referencias a los bajos salarios de los ejecutivos de RTVE, la existencia de «desorden organizativo», la «carencia de austeridad y desinterés por el equilibrio de ingresos y gastos» y la «incapacidad para comercializar sus propios productos, para crear nuevas fuentes de ingresos, para rentabilizar unos archivos históricos infravalorados y poco utilizados» (p. 8).

En lo que respecta a la Agencia EFE , González Urbaneja lamenta que la propuesta del Informe es « compleja y desproporcionada, porque parte de un diagnóstico erróneo». En su opinión, lo que necesita la Agencia EFE son más autonomía, más independencia y más recursos, y una política comercial efectiva. De nuevo en este punto, se produce una contradicción entre las afirmaciones de Urbaneja y el contenido del propio Informe, ya que el documento recoge perfectamente lo que afirma este experto, sólo que en unos términos distintos, más moderados y elegantes en su exposición.

Finalmente, el Ministerio de Economía nombró a un experto, Miguel Angel Arnedo, que ha participado como asesor del Comité de expertos, y que asímismo ha mostrado su discrepancia con la propuesta de que el Estado asuma la deuda histórica del Grupo RTVE. Este especialista ha instado a la desaparición del ente público, como forma de poner fin a la enorme deuda acumulada. En este aspecto discrepa con González Urbaneja, aunque ambos coinciden en señalar que el Informe parte de un planteamiento erróneo al no subrayar la mala gestión como fuente principal de los problemas que arrastra actualmente el Grupo. Para ambos, los aspectos financieros son tan importantes como los de programación o el problema de las plantillas desmedidas de los medios de comunicación públicos, que el Informe parece ignorar, en su opinión. En este sentido, Arnedo señala que la reducción de las delegaciones de RTVE en las diferentes comunidades autónomas es necesaria en la actualidad, por la existencia de las televisiones autonómicas, con la que cabría aumentar la colaboración.

Por último, cabe recordar, en este sentido, que la misión encomendada al Comité de Expertos era realizar un diagnóstico sobre la situación de los medios de comunicación públicos en España, de carácter general, pero en modo alguno se encargaba un proyecto de ley, ni un nuevo modelo de gestión para su inmediata aplicación por el poder ejecutivo. Por ello, pensamos que el voto particular incluido al final del Informe ha puesto en peligro la credibilidad del mismo.

4. La politización del debate en torno a la televisión pública: la prensa diaria y los intereses de los grupos de comunicación

Las reacciones de los medios de comunicación ante la presentación del Informe del Comité de Expertos han sido muy apasionadas y dispares, con claros tintes políticos que mimetizan perfectamente el fuerte enfrentamiento que está produciéndose en la vida política actual. Se han escrito «ríos de tinta» del que no podemos dar cuenta en esta breve comunicación. Vamos simplemente a recoger las principales posiciones del debate aparecidas en la prensa escrita en los días de la presentación del Informe.

El País, cabecera perteneciente al Grupo PRISA, ha apoyado firmemente el Informe del Comité de sabios, en lo que respecta una defensa de la televisión pública como servicio público. Asímismo, este diario ha valorado muy positivamente algunas propuestas del Informe como el sistema para la designación del Consejo de Administración de RTVE, del Director General o del modelo de financiación que eleva la subvención estatal del 5% actual al 50%, con las consiguientes reformas del ente. Resulta imposible sustraerse a los intereses del Grupo PRISA en el nuevo escenario que se dibuja en el panorama televisivo, con una televisión pública menos fuerte, y el anuncio de la voluntad del Grupo por empezar a emitir Canal + en abierto, una petición que se formalizó pocas semanas después de la publicación del Informe, pero que se conoce desde hace casi un año en los círculos y mentideros próximos a la «arena política».

El periódico El Mundo ha sido, tal vez, uno de los medios de prensa que más beligerancia han mostrado hacia el Informe. El editorial del 22 de febrero de 2005 expresa claramente la posición del periódico en este debate. En primer lugar, la propia composición del Comité de Expertos, rebautizado como «comité de sabios», no sin cierta malicia hipócrita, ha sido puesta en duda por El Mundo, que señala que sus miembros son personas cercanas a los intereses del Grupo PRISA. En segundo lugar, señala como uno de los problemas más graves del Informe que no ofrezca un modelo organizativo nuevo, ni proponga la reducción de plantilla. En tercer lugar, es cuestionado el planteamiento financiera del Informe, para lo que se apela a los votos particulares del experto designado por Hacienda y de Fernando González Urbaneja.

Uno de los aspectos que se denuncian más vehementemente es que el Informe propone que el estado asuma la deuda histórica, un asunto inadmisible para el editorialista de El Mundo. Cabe recordar, en este sentido, que el desmantelamiento de RTVE no permitiría al Estado recuperar la totalidad de la deuda, porque los activos del Grupo RTVE no alcanzan apenas el 15% de dicha deuda. Y, mientras tanto, la deuda sigue creciendo, una deuda que será imposible de sufragar si no es gracias al Estado, que ya está asumiendo esta deuda al actuar como avalista y al autorizar en los últimos 12 años el endeudamiento progresivo del Grupo.

Las posiciones de unos y otros están fuertemente motivadas por los respectivos intereses particulares que implica la reforma del ente público, en una u otra dirección. El mantenimiento de la televisión pública española y el saneamiento de la deuda histórica, lo que pasa por su reducción de tamaño, puede beneficiar a los intereses de PRISA, que tendrá más posibilidades de financiarse con un mercado publicitario más amplio. Pero no hay que olvidar que esta situación beneficiaría a otros operadores de televisión privados, no sólo al Grupo PRISA.

El desmantelamiento de RTVE sería muy rentable, sin duda, para aquellos medios de comunicación que no tienen presencia en el mercado televisivo, que no poseen licencias para emitir, y que repercutiría muy positivamente en todos los operadores privados porque la «tarta publicitaria» se repartiría entre todos ellos. La crispación política, instalada en la vida política española desde hace más de un año, se reproduce en el mundo periodístico, donde hay posiciones radicales que son sencillamente insostenibles. Es el caso del citado editorial de El Mundo , que concluye así su valoración «Sencillamente el trabajo realizado por estos expertos es tan delirante que no puede tomarse en serio». Juicios de esta naturaleza no contribuyen, en absoluto, a crear las condiciones para que prospere un debate serio y sereno sobre un tema tan importante como el que se trata.

5. El problema de la financiación del grupo RTVE: una regulación necesaria

En el trasfondo del problema financiero de TVE, y ahora también de las televisiones autonómicas, de cuyo déficit se oye hablar mucho menos, se oculta una idea que resumía brillantemente Eduardo Haro Tecglen en su columna de El País:

«El Estado es el Gobierno –hablo del mundo occidental-, y el Gobierno cree que la televisión es suya: ningún poder político trata de esterilizarla porque la usa, y podrá usarla otra vez si perdiera. Las emisoras nacionales hacen la propaganda del país para el exterior por sus ondas cortas, y para el interior en todas. Fue un invento de los totalitarismos que copiaron las democracias; absorbieron de sus antagonistas alguna fuerza cuando se quedaron de protagonistas».

A nuestro entender, la crisis del modelo financiero de la televisión pública revela la pervivencia de ciertas estructuras «franquistas» que todavía existen entre nosotros. En el fondo, los principales partidos políticos han aplazado la reforma de la televisión pública porque han sido incapaces de renunciar al inmenso poder político que permite desplegar a la televisión.

Es necesario abordar una reforma profunda del modelo organizativo y financiero de las televisiones públicas, que no puede excluir la problemática existente a menor escala en el ámbito de las televisiones autonómicas. El único modo de superar la grave situación actual es a través de un consenso entre todas las fuerzas políticas, porque lo que está en juego es mucho: la existencia misma de la televisión pública en nuestro país. Y para ello, es imprescindible que el necesario debate se produzca sin interferencias, por lo que los medios de comunicación habrían de ser conscientes del problema, y hacerse co-responsables de la gravedad de la situación. La crispación de que han hecho gala en este tema numerosos periodistas, en tertulias de radio o en columnas periodísticas, resulta preocupante en un contexto como éste.

De alguna manera, la magnitud del problema nos recuerda el contexto de los inicios de la transición política española, cuando fue necesario alcanzar un pacto de Estado para hacerla posible. El problema del modelo de la televisión pública es comparable al del modelo educativo, el modelo sanitario, la justicia o el terrorismo, en los que cabría esperar un mayor entendimiento de las principales fuerzas políticas de nuestro país. La falta de consenso en estos temas de Estado es, en el fondo, lo más preocupante de todo, ya que revela la falta de madurez de la sociedad española, que sigue aún muy lejos de los países desarrollados.

En conclusión, podemos señalar que tal vez hubiera sido necesario conformar un Comité de Expertos que contara con el mayor consenso posible de las fuerzas políticas desplegadas en el parlamento español. Tal vez habría sido necesario crear dos comisiones de trabajo, una primera, conformada por los expertos Enrique Bustamante, Emilio Lledó, Victoria Camps y Fernando Savater, que habría podido marcar las lineas maestras del planteamiento político que debe dirigir un estudio técnico de las reformas a introducir en la transformación necesaria del modelo de gestión y de financiación de los medios de comunicación públicos, lo que debería ser materia de trabajo de un Comité de expertos específico.

No debemos olvidar que, en ese sentido, el problema de la deuda y de la financiación del ente RTVE ha de abordarse con seriedad. Y ello pasa por tratar de corregir el déficit de explotación del grupo, que no hace sino provocar un reiterado endeudamiento del ente público. Se ha dado, pues, un primer paso muy importante: definir la necesidad de una programación de servicio público, como ha señalado el profesor Enrique Bustamante. Pero la tarea pendiente es todavía enorme, ya que aún no se ha entrado propiamente en materia, algo que han reclamado legítimamente los expertos del mundo de la economía y de las finanzas, pero que no resta mérito al trabajo realizado por este Comité de expertos.

Finalmente, el pasado 24 de junio de 2005, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley de radio y televisión de titularidad estatal, que se presenta como sustituto de la antigua ley de 1980. Esta ley aún tendrá que ser debatida en el Congreso y en el Senado, lo que tendrá lugar después del verano. El anteproyecto, como figura en la nota de prensa publicada, recoge buen número de las propuestas presentadas en el Informe del Comité de Expertos. Entre los cambios más importantes, debemos citar:

•  La transformación del régimen jurídico aplicable al Grupo RTVE.

El ente público actual pasa a adoptar la forma jurídica de una sociedad anónima pública denominada Corporación RTVE, con capital estatal en su totalidad, y con sociedades participadas al 100% por ésta para la prestación de sus servicios.

Hasta ahora la forma jurídica del grupo era de organismo público del estado, y aunque TVE adoptaba la forma de S.A., el régimen jurídico aplicable como organismo público permitía eludir la aplicación al ente de la Ley de Sociedades Anónimas en aspectos cruciales para la evaluación de la gestión, como manifestó el Informe de los expertos.

Este nuevo régimen jurídico aplicable al ente es el primer paso para poder obtener unas cuentas donde exista una correlación de ingresos y gastos del ejercicio económico, transparentes, y fiables cuya información permita tomar las decisiones adecuadas en la gestión de nuestra televisión, y un control efectivo por el Parlamento. La comunicación, financiera, en este caso, del propio ente comunicativo ha sido crucial en la pérdida de confianza y credibilidad de la televisión española.

•  Los miembros del Consejo de Administración serán nombreados por el Congreso y el Senado para periodos de seis años, exigiéndose una mayoría cualificada de 2/3 con el fin de independizar la gestión de la radiotelevisión pública del poder político;

Y el director general será seleccionado por el Consejo de Administración, con concurso público siguiendo criterios profesionales;

La introducción de criterios de gestión para su transparencia y adecuación a los criterios comunitarios, parece que intenta también profesionalizar la gestión introduciendo el trabajo por objetivos, en este caso, objetivos presupuestarios, para el Consejo.

•  Se propone la creación del Consejo de Medios Audiovisuales, un Consejo con capacidad sancionadora y normativa;

•  Finalmente, entre las propuestas principales, cabe destacar la eliminación en el modelo económico de la financiación vía endeudamiento, la asunción de la deuda acumulada de RTVE (que asciende a 7.000 millones de euros) y se cierra la posibilidad de que el Grupo pueda seguir recibiendo el aval ilimitado del Estado.

Precisamente, el Anteproyecto aprobado pone fin a la existencia de la triple vía de financiación de RTVE -ingresos publicitarios, subvención y endeudamiento-, cerrando la posibilidad de la última vía, y con la creación de contratos-programa con el Estado, con duraciones de tres años, que fijan la subvención pública en función del servicio público que preste la nueva Corporación RTVE. Este modelo económico se inscribe en la definición de las líneas estratégicas para nueve años,a través de la nueva figura del mandato-marco.

Por otro lado, la televisión pública tendrá que restringir el tiempo de emisión publicitaria, como se recomendaba en el Informe del Comité de Expertos. Otra novedad importante es la introducción de la contabilidad analítica o de costes, siguiendo asímismo la recomendación de la Unión Europea , para hacer más transparente la gestión del grupo.

De este modo, el Anteproyecto de Ley que se acaba de presentar despeja algunas incógnitas sobre el futuro de la radiotelevisión pública en España, si bien no queda claro cómo se realizará la liquidación de la deuda acumulada. En los próximos meses se despajarán algunas de estas importantes dudas.